«La multirreincidencia es un factor de inseguridad y de creación de alarma social, sobre todo en las grandes ciudades». Con estas palabras justificó ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la necesidad de acometer una reforma para atajar este problema, el pan de cada día en lugares como Madrid o Barcelona. Las cifras que ya tiene sobre la mesa el titular de Interior evidencian la laguna que aún existe y a la que no se ha logrado poner freno.
El 37,5 por ciento del total de delincuentes detenidos entre enero y noviembre del año pasado en toda España tanto por cometer delitos como faltas, es decir, 99.000 personas tenían dos o más antecedentes, según datos a los que ha tenido acceso ABC. El total de arrestados en ese periodo fue de 264.000 personas. Muchos eran multirreincidentes con largos historiales a sus espaldas y pocos ingresos en prisión.
El Gobierno de Rajoy quiere atajar estas cifras. ¿Cómo? La primera medida será crear un registro central específico de faltas, hasta ahora inexistente, que sirva como instrumento policial y le permita al juez conocer la carrera delictiva del detenido para poder valorar la multirreincidencia en el caso de las faltas, según avanzó ayer el ministro del Interior en su primera entrevista, concedida a «El programa de AR» (Telecinco).
La delincuencia «menuda» como la denominó Fernández Díaz —carteristas, descuideros, ladrones de comercios....— supone un continuo dolor de cabeza para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las cifras de Madrid son elocuentes.
«In fraganti» o investigados
El año pasado hubo 24.500 detenidos en la demarcación de Policía Nacional; de ellos el 45 por ciento eran reincidentes, es decir, «chorizos» ya conocidos por los agentes; 14.500 eran extranjeros y el 52 por ciento, según ha podido saber ABC, quedó en libertad, un porcentaje aún mayor que el de los españoles arrestados (el 36 por ciento en libertad). «Da igual que los cojamos “in fraganti” o que sea consecuencia de una investigación. El resultado es el mismo. Así no hay forma de quitarlos de la circulación», explica un mando policial.
«El Gobierno va a convertir en una prioridad la modificación del Código Penal —reiteró el titular de Interior—, de manera que demos respuesta legal a este problema y policías y jueces cuenten con un instrumento legal que haga efectiva su labor contra estas personas que han hecho del delito su vida». Fernández Díaz señaló que su Departamento y Justicia trabajarán codo con codo y con urgencia. El objetivo es «retirar» a algunos de estos chorizos empedernidos o expulsar a los que sean extranjeros, una continua reivindicación de policías y guardias civiles no atendida.
«Hasta hace unos meses ni siquiera se reseñaba a los detenidos por faltas que son los que al final causan más daños. Si quitas de la circulación a un carterista aunque sea quince días, algo se avanzará», reflexiona un mando de Policía Judicial.
La tasa ha crecido
Barcelona y Madrid copan las estadísticas —de hecho el primer anuncio de reforma lo hizo el ministro en la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna—. Pero no es solo la pequeña delincuencia la que queda impune con las herramientas actuales. En Madrid, por ejemplo, el 95 por ciento, es decir casi todos los detenidos el año pasado por robos con fuerza no ingresaron en prisión, según datos oficiales. Estamos hablando de robos en domicilios, en bares o en tiendas, con la consiguiente alarma social que crean estos delitos.
Pese a que todos los Gobiernos se han propuesto hallar una solución la tasa de reincidencia ha aumentado. En el año 2000 era del 30 por ciento; once años después ha subido un 7,5 por ciento en todo el país.
Fuente: ABC
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