Por necesidad o por pura picardía, hasta los "modus operandi" de los robos han cambiado. Así lo atestiguan tres familias que residen en la playa de Almassora (Castellón) y que fueron víctimas de asaltos en sus domicilios.
No dejarían de ser tres casos de delincuencia común aislados si no fuera porque, además de robar, los individuos accedían a las viviendas con la intención de que sus propietarios les agrediesen, para posteriormente denunciarles y cobrar la pertinente indemnización.
Al contrario que sucede habitualmente, la banda se cerciora de que las casas en las que entra están habitadas durante el momento en el que perpetran el asalto. Funcionan organizados en grupo y en sus acciones se muestran aparentemente violentos, aunque en ningún caso agreden a los moradores, sino más bien todo lo contrario.
Quedan a la espera de recibir golpes
Esperan a que algún miembro de la familia, presa de los nervios, inicie un forcejeo y les cause lesiones leves, pero suficientes para constatar con un parte médico las huellas de la agresión. Al parecer, se trata de varios individuos rumanos de etnia gitana que no buscan joyas ni dinero en efectivo.
De hecho, su botín no se encuentra dentro de las viviendas que asaltan, sino que con el informe médico acuden a denunciar la agresión a los juzgados para que la otra parte les pague una cantidad de dinero en concepto de daños por lesión.
Aunque los tres casos registrados en Almassora todavía no han prosperado, otras familias se han visto envueltas en esta situación en otros puntos del país. Los asaltantes demandan que un abogado de oficio se encargue de su caso ante la imposibilidad de asumir los costes del proceso judicial.
Su objetivo es lograr que el juez falle a su favor e impute al agresor o agresores -las víctimas del robo- de una falta con la que les retribuirá unos 200 euros de media si las lesiones son leves y no acarrean hospitalización ni secuelas.
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